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El juzgado número 4 de Ciudad Real ha fijado el 15 de abril como una nueva fecha clave en el proceso de venta del aeropuerto. Ese día decidirá cuál es el siguiente paso en este proceso de venta iniciado el pasado año, reconvertido en subasta judicial, y de nuevo devuelto a proceso de venta, tras anularse dicha subasta. El 15 de abril habrá un encuentro entre la Administración de Justicia y el juez con las empresas que hasta el momento han presentado proyectos y han realizado su puja por la infraestructura para decidir los siguientes pasos. 

Antes de esta resolución el juez ha convocado para el jueves y el viernes tanto a las empresas que han presentado ofertas como a los acreedores de cara a ser informados de la situación del proceso.

La primera de las reuniones se celebrará el 7 de abril a las 12.30 horas entre empresas y juez. La segunda se hará el viernes a las 10 horas con los acreedores, el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado, la empresa concursada, los abogados de Junta de Comunidades, Tesorería General de la Seguridad Social, y los acreedores con privilegio especial y/o acreedores contra la masa.

Tras presentarse dos ofertas en el nuevo proceso de venta directa por valor de 55 millones de euros y de 200 millones de euros, solo la primera entra dentro de esta fase final de venta directa. El Grupo Orden 12 presentó sus avales y la oferta mayor, la del grupo Richard Taffin de Givenchi, fue anulada con una acusación por parte del juzgado de falsedad documental.

Tras aceptarse la primera oferta el juez dio un plazo de 20 días para mejorar, en al menos un 2% la oferta de Richard Taffin, lo que presuntamente han realizado dos empresas, una catalana y otra turolense, con unos precios que rondarían los 60 millones de euro, aunque en ninguno de los dos casos si los avales han sido válidos ni tampoco ha habido información oficial, en forma de escrito judicial de haberse admitido estas ofertas. 

Ahora el 15 de abril deberá decidir si alguna de estas ofertas pasa a la siguiente fase, para lo cuál deberían haberse presentado los avales, o bien el proceso de venta pasa a una siguiente fase, bien de nuevo vía venta directa o modifica los condicionantes de este proceso, lo que podría conllevar reavivar una posible subasta judicial de la infraestructura. 

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