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Comencemos este artículo con una afirmación diferente a la que, desgraciadamente, encontramos con frecuencia en muchos medios de comunicación. El sistema de pensiones en España es imprescindible.

Con ella, enfocamos mejor la cuestión y nos apartamos de esa idea de inevitabilidad de la reducción o desaparición de esta parte esencial de nuestros sistemas de protección social, que irresponsablemente se difunde.

Partiendo de su carácter imprescindible, la primera clave que, en mi opinión, conviene destacar es que el sistema de pensiones tiene un objetivo y diversas funciones. El primero, garantizar una renta de sustitución adecuada a las rentas del trabajo. Pero además, el sistema de pensiones cumple una función macroeconómica evidente. Representa un 10,2% del PIB actual orientado a consumo, por tanto, una fuente básica de demanda de bienes y servicios suministrados por empresas, profesionales y administraciones públicas, con impacto evidente en la actividad económica, el empleo y la generación de retornos relevantes también, vía impuestos.

Por otra parte, constituye un mecanismo potentísimo de cohesión social, territorial y, muy especialmente, de solidaridad inter-generacional.

Por tanto, la consecuencia lógica de todo ello es una formulación como la siguiente: ¿cómo debemos actuar para preservar, reforzar y garantizar nuestro sistema de pensiones?

Para atender esta segunda clave, hemos de identificar correctamente las necesidades y retos a abordar para mantener la transferencia de renta entre generaciones que supone un sistema de reparto como el nuestro (las pensiones se pagan, preferentemente, con las cotizaciones de las personas que están en activo).

Para que el Pacto Inter-generacional, que se encuentra en la base del diseño de este sistema esencial de protección social, se cumpla hemos de transmitir la confianza necesaria a toda la población, en edad activa o pensionista, de que la financiación está asegurada. A través del mercado de trabajo, es decir de la cantidad y calidad del empleo existente, que es la principal fuente de financiación de las pensiones y, en la medida en que resulte necesario, de financiación adicional procedente de la imposición general, para preservar la garantía de acceso a prestaciones similares a las distintas generaciones.

En este aspecto, la última reforma de pensiones de 2013, es la primera gran modificación de la regulación de nuestras pensiones que se hace sin acuerdo alguno político o social, desde 1995. Esta reforma, producto de la condicionalidad impuesta a España con el rescate a nuestro sector financiero, regula apenas sin elementos correctores, un nuevo sistema de revalorización de pensiones, que mermará su poder adquisitivo, y un factor de sostenibilidad que pretende financiar los futuros aumentos de esperanza de vida con una mera reducción de las pensiones de todas las personas que accedan a la pensión a partir del 1.1.2019.

Los efectos de estas reformas, si no se reconducen a través de nuevas medidas que modifiquen sus resultados es, según estimaciones de la propia Comisión Europea (Ageing Reports 2009, 2012 y 2015), una reducción del gasto en pensiones de casi dos puntos del PIB, a través de una notable reducción, creciente en el tiempo, de las pensiones reales.

¿Hay alternativas a ese camino? Por supuesto. Entre otras, reforzar la estructura de ingresos del sistema a través de cotizaciones (cantidad y calidad de empleo, incremento sustancial del Salario Mínimo Interprofesional; recuperación de las rentas salariales a través del empleo y la negociación colectiva,…) e impuestos (fuente de financiación adicional necesaria, con la estructura demográfica española, hasta mediados de siglo).

No hay que olvidar que los ingresos por cotizaciones han caído y el déficit de la Seguridad Social ha irrumpido de forma anticipada. No por la evolución demográfica, que contribuye sin duda, pero que en 2016 no explica por sí sola el déficit actual, sino por la evolución del mercado de trabajo, con menos empleos y muchos de peor calidad. Esto es consecuencia de distintos factores: altas tasas de paro muy desiguales entre distintos territorios pese a compartir la misma legislación laboral; fuerte incremento de los contratos a tiempo parcial; repunte de la temporalidad; trasvase de empleo por cuenta ajena a empleo por cuenta propia; devaluación salarial de muchas de las personas que mantienen su empleo; salarios más bajos de entrada en el mercado de trabajo; incremento del fraude a la Seguridad Social; uso excesivo e indebido del Fondo de Reserva;… Todo ello, ha contribuido de forma decisiva a pasar de superávit anual a déficit durante la crisis.

Entre estas alternativas también está  la de continuar con reformas pactadas del sistema de pensiones orientadas a fomentar la cotización de todas las personas por sus salarios o ingresos reales (actuando sobre las bases máximas de cotización; sobre la menor cotización de regímenes o sistemas especiales de trabajo autónomo, hogar, agrario,…);la de eliminar  las bolsas de fraude, aún importantes; garantizar el correcto cumplimiento de la separación de fuentes, impidiendo el uso indebido de cotizaciones sociales, dirigidas parcialmente a pagar otras políticas;…

Pero esas reformas siendo posibles y convenientes, no son suficientes para afrontar las necesidades en los años en los que llegarán a la jubilación, a partir de 2025 aproximadamente y con efectos hasta pasada la mitad del siglo, las generaciones más numerosas:las nacidas en España entre finales de los 50 y finales de los 70 del pasado siglo. Esas generaciones han sostenido y sostienen hoy en buena medida las estructuras de las administraciones públicas, servicios públicos y sistemas de protección social. El Pacto inter-generacional exige que su expectativa de recibir prestaciones similares a las que contribuyen a financiar, sea respetada.

La tercera y última clave que destacaré en este artículo es que esa necesidad de financiación adicional exige que el Estado cuente con los recursos suficientes para ello. Esto es así para pensiones, sanidad, educación, servicios sociales, inversión pública,…

Aquí chocamos con la afirmación mil veces repetida pero incierta, al menos para una parte relevante de la población,  de que soportamos una presión fiscal excesiva.

España recauda menos que los países de nuestro entorno, incluso que algunos a los que se estima una economía sumergida superior a la nuestra. La razón es que los mecanismos legales de reducción o elusión fiscal en nuestro país son más abundantes, además de estar desigualmente distribuidos. Esto hace que las rentas del trabajo estén discriminadas negativamente frente a las rentas del capital; o que la capacidad de reducir la factura fiscal por parte de personas físicas y jurídicas tenga relación directa con el nivel económico o el tamaño de las empresas, por citar algunos ejemplos.

Este es un asunto central de nuestro debate político, económico y social, que debemos afrontar. Abordando cambios sustanciales en un sistema tributario injusto e insuficiente.

Hay muchas propuestas y alternativas encima de la mesa para garantizar el futuro de nuestro imprescindible sistema de pensiones. Abordarlas desde la legitimación política y social que se deriva de acuerdos entre las fuerzas con representación parlamentaria y con los interlocutores sociales (sindicatos de trabajadores y organizaciones empresariales) es, sin duda, el mejor camino para ello.

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