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Imagen de archivo de la manifestación de estudiantes del pasado 14N

La Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real ha abierto expediente sancionador por una cuatía de entre 0 y 300 euros contra uno de los estudiantes que participaron en los  piquetes informativos celebrados durante la Huelga General. Según se indica en el documento donde se anuncia la apertura del expediente sancionador este es por alteración del orden del público y desobediencia a la autoridad.

Según recoge el propio expediente los hechos se refieren al momento en que comenzó el piquete estudiantil a las puertas de la Facultad de Derecho. En el texto se indica que los agentes actuaron tras haber cerrado la puerta de acceso al recinto del rectorado y que actuaron a requerimiento de los cuerpos de seguridad de la universidad tras comprobar que este piquete estaba impidiendo la entrada de trabajadores y estudiantes. Desde la Subdelegación del Gobierno se asegura que el estudiante había «obstaculizado» la presencia, negándose a ser identificado por los agentes». Por todos estos hechos se le abre un expediente sancionador por una cuantía de entre 0 y 300,51 euros .

Desde el Colectivo Estudiantil se denunció de forma pública el día de la Huelga General la actuación de la policía nacional durante estos hechos argumentando que una de sus integrantes había sufrido una agresión y que los agentes habían roto su megáfono e incautado las banderas y pancartas que portaban para el desarrollo de la Huelga General. Además hoy mismo, antes de conocer la apertura de este expediente, han exigido en rueda de prensa un posicionamiento del rectorado sobre estos hechos y la apertura de una investigación por parte de la UCLM para aclarar las razones que llevaron a la Policía Nacional a entrar dentro del recinto de la universidad contraviniendo la autonomía universitaria recogida en la Ley Orgánica de Universidades.

Esta es la segunda vez que la Subdelegación del Gobierno inicia la apertura de un expediente administrativo contra el Colectivo Estudiantil de Ciudad Real. La anterior fue por la manifestación de estudiantes del pasado 10 de mayo y en ella se pedían multas de entre 300 y 300.000 euros. En esa ocasión los expedientes abiertos supusieron muestras de apoyo por parte de sindicatos, profesorado y partidos políticos y finalmente fueron retirados por la Subdelegación del Gobierno.

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